Tony Frangie Mawad

En los últimos años, el gobierno venezolano ha emprendido una serie de reformas económicas. En el laberinto de esta «perestroika» criolla, elites nuevas y viejas se encuentran. Nicolás Maduro devolvió empresas y bienes expropiados en la época de Hugo Chávez y entabló un nuevo vínculo con Fedecámaras, el gremio empresarial otrora virulentamente opositor, mientras que casos como PDVSA-Cripto dieron lugar a purgas dentro del campo bolivariano. En este escenario dinámico, y a la vez opaco, se desarrollarán las elecciones del 28 de julio próximo.

Varias torres de lujo, con fachadas de vidrio turquesa y paredes platinadas, yacen a medio construir en Las Mercedes, la «zona rosa» de Caracas, conocida por sus restaurantes y tiendas de lujo, y descrita risiblemente en ocasiones como el «Manhattan caraqueño». Aunque el metro cuadrado en Las Mercedes está entre los más caros de América Latina, el futuro de las torres –algunas completadas, otras aún en la forma de esqueletos de concreto– permanece incierto: sus constructores, los hermanos Perdomo –dueños de la Constructora HP, fundada en 2012– fueron arrestados en marzo de 2023 por la Policía Nacional Anticorrupción al ser ligados por el Ministerio Público chavista a la denominada trama PDVSA-Cripto. 

Este escándalo de corrupción relacionado con la «desaparición» de ingresos petroleros manejados por intermediarios, que según Transparencia Internacional y la firma de consultoría e investigación Ecoanalítica llevó a la pérdida de 16.600 millones de dólares, condujo al arresto de más de 65 funcionarios y empresarios allegados al otrora poderoso ministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido recientemente y acusado, además, de conspirar con la oposición y Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro. La purga en las altas esferas chavistas no solo ha significado una recomposición del poder de las facciones bolivarianas, sino que además ha tenido una serie de efectos inesperados en el sector privado: desde el arresto de los hermanos Daniel José, Carmelo y Levin Salvatore De Grazia, que llevó a que su banco, Bancamiga, estableciese limites a las transacciones, hasta el allanamiento de un estrafalario restaurante colgante, construido en uno de los municipios acomodados de la capital, por supuestos vínculos de sus propietarios con el caso PDVSA-Cripto. Un dato de Transparencia Internacional revela la envergadura de la red venida a menos: la ONG identificó 105 empresas relacionadas con solo 18 de los acusados.

De hecho, los efectos que la purga tuvo sobre la llamada «burbuja» comercial caraqueña demuestran las raíces e influencia que algunos sectores del chavismo –que en su apogeo acusó de «oligarcas» y «golpistas» a los empresarios, expropió miles de empresas y terrenos en Venezuela durante una década, creó regulaciones asfixiantes y proclamó que «ser rico es malo»– ha cimentado en el sector privado venezolano. 

La simbiosis entre el sector privado y el Estado bolivariano se ha incrementado tras un cambio en las políticas económicas del presidente Maduro desde 2018. Después de experimentar uno de los mayores colapsos económicos del mundo sin una guerra de por medio, seguido de una serie de sanciones por parte de Estados Unidos, el gobierno autoritario de Venezuela se ha alejado de las políticas «socialistas» del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y ha abrazado una leve liberalización económica. Este nuevo enfoque ha incluido la eliminación de aranceles sobre varios productos importados, el levantamiento de los controles de precios y cambiarios, y una dolarización de facto de la economía. De hecho, el PIB creció nuevamente en 2022, antes de contraerse levemente y estancarse de nuevo, y hubo una pequeña reducción de la pobreza según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.

«Muchos toman [las reformas de Maduro] como un programa de estabilización, de apertura o de economía de mercado; algunos lo llaman de forma despectiva ‘neoliberal’, pero está muy lejos de eso», explica Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica. Ante el colapso del sector petrolero que sostenía al Estado, este tuvo que «asumir un poco más de pragmatismo frente al sector privado porque prácticamente se quedó sin ingresos», señala.«Es una reducción desordenada que no está enmarcada en un proyecto de refundación o reformulación del rol del Estado y de sus políticas públicas».

Además, la nueva economía está enfocada en ciudades como Caracas y Lechería, y beneficia principalmente a sectores de bienes y servicios, lo que ha generado una economía poco productiva y una de las sociedades más desiguales del continente según la ENCOVI. Ello ha traído consigo el desarrollo de nuevos grupos empresariales. «Es un mecanismo para construir un nuevo polo, un nuevo eje o poder económico que haga contrapeso a las elites tradicionales, en busca de la estabilización [del chavismo] en el poder», explica Oliveros. 

Maduro está «impulsando una narrativa de recuperación económica y trabajando para convertir a Caracas en una ciudad modelo del madurismo, una especie de Casablanca económica donde todo tipo de actores operan e interactúan entre sí», escribió Raul Stolk, director de Caracas Chronicles, en 2022. «Hay inversores de alto riesgo y empresarios tecnológicos locales recaudando capitales, propietarios de pequeñas empresas y empresas tradicionales, aliados gubernamentales y blanqueadores de dinero. La ciudad ahora está repleta de anuncios del sector privado donde solía colgarse propaganda gubernamental. La oferta de bienes y servicios ya está superando la demanda local y es probable que los nuevos y relucientes edificios permanezcan vacíos».

Como anota Stolk, entre los distintos grupos que conforman este empresariado variopinto se encuentra la llamada «boliburguesía», como la bautizó el periodista Juan Carlos Zapata en 2009, surgida a la sombra de la corrupción multimillonaria del abanico de empresas públicas, instituciones cooptadas y fondos estatales del chavismo: «En Venezuela vimos montos [en escándalos de corrupción que son] extraordinarios, groseros, impresionantes, que no se comparan con nada de lo que yo hablo con mis compañeros en los 110 capítulos de Transparencia Internacional en el mundo», dice Mercedes de Freitas, directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, «Nadie tiene casos como estos. Nosotros tenemos decenas de casos que pasan los 1.000 millones de dólares, decenas de casos que pasan los 4.000 millones».

El surgimiento de este estamento –cuyas inversiones hoy abarcan decenas de restaurantes, posadas de lujo en parques nacionales, canchas de pádel y parques de deportes extremos, enormes emporios agroindustriales, servicios petroleros y financieros, productoras de eventos que traen cantantes internacionales al país, boutiques de lujo con marcas europeas y estadounidenses, líneas aéreas, cadenas de supermercados, constructoras y canales de televisión privados– ha traído consigo una suerte de red de beneficiarios: «Los facilitadores son necesarios», dice De Freitas. Estos facilitadores, explica, se encargan de la adquisición de bienes inmuebles, de acciones en empresas o bancos, de la compra de casinos o la organización de eventos: un proceso que beneficia e implica a bufetes de abogados y firmas de auditoría, finanzas, seguros y bienes raíces. 

Las redes de beneficiarios incluyen a las llamadas «tusis» o «muñecas del petróleo»: modelos y reinas de belleza cercanas a empresarios de la «boliburguesía» y funcionarios del chavismo. Por ejemplo, al anunciar la detención de El Aissami, el fiscal general Tarek W. Saab habló en rueda de prensa sobre «la 'prepago' favorita» del ex-ministro, quien presuntamente estaría involucrada en el escándalo de corrupción y habría escapado a Estados Unidos. De hecho, en 2018, el icónico concurso Miss Venezuela se vio sacudido por un escándalo de prostitución y corrupción vinculado a PDVSA. 

Pero la Casablanca caraqueña, asociada al proceso de liberalización/dolarización de los últimos años, no incluye únicamente a la boliburguesía. «Que emoción, el edificio está en buenas condiciones, hemos recibido formalmente la estructura y nos preparamos para trabajar de la mano de comerciantes, aliados y contratistas, para muy pronto tener este centro comercial abierto y generar alrededor de 3.500 empleos», dijo el empresario Alfredo Cohen, el magnate detrás del emporio de centros comerciales Sambil, en 2022, desde la sede de un Sambil en una zona de clase media baja de Caracas. «No tenemos mucho trabajo ni muchas cosas que se hayan dañado, vamos pa´lante y pronto el Sambil La Candelaria será una realidad». Pocas horas antes, se había anunciado la devolución del mall –expropiado por Hugo Chávez en 2008 poco antes de su apertura planeada– a los Cohen, sus dueños originales. 

«Me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un Sambil en La Candelaria. Eso es un crimen», dijo Chávez en ese entonces. «¿Cómo vamos a hacer el socialismo entregándole los espacios vitales del pueblo a ese comercio desmesurado, consumista?». La devolución del Sambil La Candelaria a sus dueños no es el único caso de traspaso de activos expropiados al sector privado. Aunque el chavismo no ha recurrido a privatizaciones tradicionales, al menos 48 empresas creadas o expropiadas durante el gobierno de Chávez han sido entregadas a privados en concesiones opacas conocidas como «alianzas estratégicas», según el capítulo venezolano de Transparencia Internacional.

El retorno del Sambil expropiado a los Cohen no es el único caso en que el madurismo ha mostrado una actitud más amigable al sector empresarial «prechavista»: en julio de 2021, la vicepresidenta Delcy Rodríguez –quien también funge de ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior– asistió por primera vez a la Asamblea Anual de Fedecámaras, la cámara empresarial venezolana. La presencia de Rodríguez habría sido impensable en el pasado: Fedecámaras no solo era una de las voces más prominentes de sociedad civil opositora, sino que además lideró el movimiento contra Chávez en 2002 –con su presidente, el empresario Pedro Carmona Estanga, autoproclamándose presidente por unas horas tras el derrocamiento temporal de Chávez en abril de ese año– y convocó al paro nacional que paralizó la industria petrolera y el sector privado por tres meses entre 2002 y 2003.

«En la misma medida en que el gobierno bajó el tono, el sector empresarial también lo fue haciendo», explica Pedro Pablo Peñaloza, periodista que ha escrito sobre las pugnas del sector empresarial venezolano. «Hay grandes apellidos que aprovechan esa apertura para seguir escalando posiciones. Eso no quiere decir que esas personas sean chavistas, sino que aprovechan el momento». Así, dice, el sector empresarial logra empujar por mayores reformas del Estado y el chavismo a su vez incrementa su influencia en los sectores empresariales y financieros.

Pero el acercamiento entre Fedecámaras y el gobierno no fue bien recibido por los sectores de línea dura de la oposición: María Corina Machado, en aquel entonces todavía crítica de la estrategia electoral y aún no convertida en la política con mayor aprobación en el país, retuiteó a un consultor que aseguraba que «en la Alemania nazi, los empresarios vieron en su apoyo a Hitler una forma de salir de la crisis económica y moral que vivía el país tras la pesada deuda impuesta a la República de Weimar e incrementada por la crisis de 1929». La comparación de Fedecámaras con colaboracionistas del nazismo era clara.

«La Venezuela de hoy está desarticulada, somos un país invertebrado. Los partidos viven de lo que hay; en las asociaciones de empresarios cuesta ver dónde hay cohabitación y dónde hay coexistencia», dice Paola Bautista de Alemán, politóloga especializada en pactos políticos y vicepresidenta de formación del partido opositor Primero Justicia. «Ya el clivaje no es dictadura o democracia, es dinero o no dinero. Hace 15 años, era imposible encontrar un empresario que dijera que la democracia es prescindible. Ahora sí los consigues». 

Desde aquella asamblea de Fedecámaras, la cercanía de Delcy Rodríguez y su sector del madurismo con un sector del empresario tradicional conocido como «optimistas anónimos» se ha hecho notoria. Este grupo, tras los fracasos de la oposición política en el ciclo de conflicto 2014-2020, viene abogando por una apertura económica con el chavismo en el poder. «Sí, creo que Venezuela está entrando en un ciclo de apertura económica liberal», dijo Horacio Velutini, en ese entonces presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios, a Reuters a principios de 2020, comparando el proceso venezolano con la apertura china de la década de 1980 y la perestroika soviética. 

Desde entonces, los «optimistas anónimos» se han abierto espacios en el nuevo ecosistema económico del país: Velutini, por ejemplo, logró hacerse del control de la Bolsa de Caracas –que reinició operaciones en 2020 tras 11 años de paralización por las políticas socialistas de la Revolución Bolivariana– y Ricardo Cusanno, quien fuera presidente de Fedecámaras, logró posicionarse como director de la Cruz Roja venezolana por medio de una intervención del Tribunal Supremo de Justicia que removió a su vitalicio presidente, criticado por miembros de la organización por abuso de poder y acusado en diversos informantes de tener influencia en el Poder Judicial que terminaría cortando su cabeza (la Cruz Roja venezolana celebrará nuevas elecciones en junio).

Estos grupos, además, han hecho una campaña en favor del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Según una encuesta de Fedecámaras, 81% de las empresas privadas venezolanas dicen sufrir el efecto de las sanciones, sobre todo por «sobrecumplimiento» [overcompliance] ante el temor a las consecuencias de sus acciones y frente al riesgo de reputación. De hecho, Adán Celis –el actual presidente de Fedecámaras, quien se ha referido a Rodríguez como «nuestra queridísima vicepresidenta»– inició su periodo con una entrevista en uno de los programas radiales más escuchado del país, en la que, además de catalogar como «locos» a los venezolanos favorables a las sanciones, apuntó: «Evidentemente, que se levanten las sanciones. Eso no ha hecho sino empobrecer al país. La idea es que al eliminar esas sanciones podamos tener un comercio más fluido».

Sin embargo, la nueva cercanía de sectores del empresariado tradicional con el madurismo no solo ha levantado críticas desde la oposición política, sino también desde otros sectores del propio empresariado tradicional. Según ha dicho Juan Pablo Olalquiaga, ex-presidente del gremio Conindustria y quien se ha convertido en la voz crítica más resonante en el sector empresarial, Fedecámaras legitimó al gobierno de Maduro «y lo hizo de gratis». Para Olalquiaga, «los empresarios venezolanos están en una posición bastante desesperada por la falta de mecanismos para operar. Por eso pienso que hay una necesidad de conversar con el régimen que es compartida por muchos dueños de empresa, pero la forma como lo hizo Fedecámaras no fue consistente con el sentir de ellos, sino con los intereses del gobierno». Además, afirma, hay empresarios «ilusos» porque «al final del día, las cosas esenciales para recuperar nuestra economía el régimen ni que quiera las puede dar».

El acercamiento ha generado también críticas entre sectores del chavismo disidente y de la izquierda radical. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), recientemente intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, ha acusado al gobierno de Maduro de ser «neoliberal» y «antiobrero». «Maduro ha emprendido un proceso que nosotros calificamos de nuevo pacto de elites con sectores de nuevos ricos, incluso con sectores reaccionarios de la derecha que protagonizaron episodios de violencia en nuestro país, como Fedecámaras», declaró Neirlay Andrade, parte del buró político del PCV. «El gobierno está viviendo un proceso de negociaciones no solo políticas, sino económicas».

Pero la luna de miel con el sector privado es frágil. En julio de 2023, tres meses antes de las primarias opositoras que catapultaron a María Corina Machado a la cabeza de la oposición, Delcy Rodríguez –en un congreso de Conindustria– pidió a los empresarios no llevar la economía a «la batalla política». Un mes después, Diosdado Cabello –la cara del chavismo más duro– acusó al reconocido banquero Juan Carlos Escotet de gestionar un fondo para financiar a Machado y lo llamó «ladrón». La frontera es clara: en mayo, por ejemplo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) multó y cerró por varias semanas dos hoteles en los estados de Falcón y Zulia por permitir a Machado hospedarse durante su gira electoral. En lo que va de año, las autoridades han cerrado al menos 16 locales por brindar servicios a la oposición en sus giras de campaña. 

Aunque la propuesta de Machado conlleva el plan «Tierra de Gracia», un modelo liberal antecedido por un periodo de gasto inicial para dinamizar la actividad económica y desatar un crecimiento largo y sostenido de la economía venezolana, el empresariado se ha mantenido –al menos públicamente– al margen de la campaña. Algunos, incluso, han remarcado en entrevistas la priorización de elecciones reconocidas internacionalmente –que permitan el regreso de Venezuela a los mercados globales– sobre un cambio político. 

Sin embargo, en marzo pasado, el gobierno de Maduro organizó un foro para definir la fecha de la elección. Aunque la Plataforma Unitaria de la oposición no fue incluida, Fedecámaras sí asistió. Allí, la organización –junto con otros gremios del empresariado tradicional– exigió que se respetara el cronograma pactado en los Acuerdos de Barbados firmados por el gobierno de Maduro y la Plataforma en octubre pasado. El gremio también ha dicho que no descarta reunirse con Edmundo González Urrutia y con Maduro. Sin embargo, a un mes de la elección, el candidato opositor –que se ha reunido con organizaciones de diversa naturaleza– no ha tenido encuentros públicos con el empresariado. 

La economía venezolana sigue enfrentando enormes retos estructurales que frenan su potencial crecimiento. Los ingresos siguen estando entre los más bajos de la región –según Ecoanalítica, 65% de los venezolanos ganan menos de 100 dólares al mes– y el país continúa afrontando una inflación crónica, explica Luis Bárcenas, economista sénior en la firma. Además, señala que el país tiene una de las carteras de crédito más bajas de la región y un régimen fiscal voraz: el impacto de la carga fiscal sobre una empresa venezolana puede alcanzar más de 60%, aunque el país tenga uno de los ingresos fiscales más bajos de la región por la vastedad de su sector informal. La inversión extranjera sigue siendo escasa por la falta de Estado de derecho, instituciones independientes y un marco jurídico confiable. El colapso de los servicios públicos –que genera apagones y cortes de agua que pueden durar horas y días– ha significado también un lastre para empresas y ciudadanos, y ha limitado la capacidad industrial del país. 

Además, tras años de éxodo y crisis humanitaria –explica Bárcenas– el país ha visto diezmado su capital humano: «Esto es fundamental para pensar en una Venezuela que tenga capacidad de recuperación prolongada», dice Bárcenas. «Va a tomar mucho tiempo recuperar lo pedido». Mientras tanto, los empresarios venezolanos tendrán que enfrentar a los minotauros en el laberinto de su perestroika…