abril 2025

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se impuso de manera sorpresiva en la segunda vuelta del 13 de abril con una diferencia de más de diez puntos; un resultado alejado incluso de los sondeos en boca de urna. ¿Qué pasó? ¿Por qué la candidata correísta, Luisa González, no logró mejorar el resultado de la primera vuelta? ¿Cómo interpretar el triunfo del candidato conservador, quien ha declarado la existencia de un «conflicto armado interno» en el país sudamericano?

Pablo Ospina Peralta

Franklin Ramírez Gallegos

Augusto Barrera Guarderas

Daniel Noboa, de 37 años e hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, se impuso en la segunda vuelta del 13 de abril pasado con 55,6% de los votos contra 44% de Luisa González. Se trató de una elección «extraña», en la que la candidata correísta apenas pudo conseguir sumar votos en la segunda vuelta, lo que alentó diversas suspicacias sobre la elección. Pero mientras González denunció fraude, figuras de su mismo espacio aceptaron el resultado electoral. 

Noboa llegó al gobierno en noviembre de 2023 por un año y medio para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien debió abandonar anticipadamente el gobierno: activó la denominada «muerte cruzada» para disolver el Parlamento y convocar a elecciones -legislativas y presidenciales- para evitar el juicio político en ciernes. Noboa, en el marco del crecimiento descontrolado del crimen organizado, avanzó sobre el Estado de derecho y apeló a la «mano dura» y la militarización, en medio de una situación marcada por la crisis energética y la ineficiencia gubernamental. 

Nueva Sociedad les pidió a tres destacados analistas su opinión sobre las elecciones y lo que anticipan los resultados en términos de futuro político y devenir de la democracia. Franklin Ramírez Gallegos es sociólogo y profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador; Augusto Barrera Guarderas es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue alcalde del Distrito Metropolitano de Quito entre 2009 y 2014 y actualmente se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Pablo Ospina Peralta es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.

¿Cómo se explica la sorprendente diferencia en favor de Daniel Noboa en la segunda vuelta?

Augusto Barrera Guarderas: El proceso electoral global, más allá del ejercicio del sufragio y conteo de votos, estuvo marcado por una serie de irregularidades. El propio informe de los observadores electorales llama la atención sobre la falta de claridad de los roles de presidente-candidato que desdibujaban «los límites entre los papeles y generó desequilibrio en las condiciones de competición». Para llegar a este equívoco jurídico, Daniel Noboa enfrentó a su propia vicepresidenta, Verónica Abad, a la que impidió ocupar la presidencia durante la campaña electoral, como establece la Constitución. Al mismo, tiempo utilizó abiertamente los recursos públicos, a través de una feria de bonos de última hora que le costarán al fisco cerca de 600 millones de dólares y, en los últimos días, puso a los funcionarios estatales los colores de su partido en un enorme dispositivo de movilización territorial. Visto esto y más, el proceso se dio en una cancha inclinada que fue posible gracias a la permisividad y complicidad del aparato mediático e institucional.

Reconocido esto, es poco probable que se hubiera ejecutado un fraude electoral con manipulación de votos, actas y urnas. Si bien esa ha sido hasta el momento la posición de Luisa González y Rafael Correa, buena parte de las autoridades locales de Revolución Ciudadana, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se han desmarcado ya de esa denuncia que tendrá poco recorrido. Hasta el momento (16 de abril), no existe una impugnación formal al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto significa que este sorpresivo resultado de 11 puntos de diferencia (55,6% a 44,4%) sí da cuenta de la decisión de la población. Para tener una idea de la evolución electoral, del virtual empate técnico en 44% en primera vuelta, Noboa incrementó 1.283.433 votos, casi todo lo que estaba en disputa, mientras González apenas sumó unos 158.000, casi diez veces menos. Esta diferencia de casi un millón de votos la obtiene de un incremento en Quito y Guayaquil (medio millón de votos), seguido del incremento en la sierra centro-sur (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Azuay). 

Ninguna de las encuestadoras ni los exit polls mostraron una diferencia de esta magnitud, pero un análisis pormenorizado da cuenta de que mientras la votación de Luisa González tocó su techo en primera vuelta, capitalizando la pésima gestión gubernamental, la operación política, mediática e institucional de Noboa fue más eficiente en conquistar casi todo lo que aún estaba en disputa.

Franklin Ramírez Gallegos: El cuadro final del balotaje de 2025 fue inesperado e inverosímil. Aún cabe estudiar en profundidad, con la lupa en cada territorio, qué reconfiguraciones de las preferencias y trasvases del voto se dieron en las últimas semanas y días. Esto, en particular, porque todas las agencias de investigación de opinión pública -e incluso las dos encuestas en boca de urnas del domingo electoral- dieron una distancia de 1 o 2 puntos a favor de uno u otro candidato (incluso con mayores opciones para Luisa González a lo largo de la campaña e incluso horas antes de los comicios). Ninguna anticipó la distancia final favorable a Daniel Noboa. 

Las elecciones arrancaron, a fines de 2024, con la inhabilitación de Jan Topić, precandidato derechista cuya agenda se centra monotemáticamente en la seguridad. Topić era uno de los rivales más amenazantes para la candidatura de Noboa y su presencia en la papeleta probablemente habría cambiado la historia que hoy conocemos. El conjunto de la institucionalidad electoral está cooptada por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Contencioso Electoral, que resolvió dicha descalificación (igual pasó con la lista de asambleístas de Pachakutik), intervino también para suspender los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad (quien debía sustituir a Noboa en el caso que hubiera pedido licencia por campaña) e hizo caso omiso a las denuncias contra el presidente y dirigentes de su movimiento por uso de recursos públicos en campaña y por hacer proselitismo siendo funcionarios. Ha habilitado también procesos contra políticos opositores. El más emblemático, aún en curso, es la iniciativa para tratar de revocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz , de Revolución Ciudadana, acusado de hacer campaña electoral en 2023 mientras ejercía sus funciones. Tal como Noboa ahora. El presidente se ha colocado por encima de toda la normativa electoral y de diversos principios constitucionales (por ejemplo, debería haber pedido licencia y no lo hizo) a lo largo de la campaña. 

Las instituciones electorales no le colocaron ningún límite. Más bien restringieron derechos –uso de celular para control electoral el día de elecciones– y apuntalaron decisiones arbitrarias de última hora (estado de excepción, prohibición de entrada a extranjeros, cambio de lugar de juntas receptoras de voto, inusitada presencia de las fuerzas armadas en el proceso, cancelación del voto de los ecuatorianos residentes en Venezuela, entre otras). La puesta en marcha de siete bonos sociales (por 560 millones de dólares) en los últimos dos meses, como palanca clientelar, no ha sido ni siquiera observada por las autoridades electorales. 

En fin, las elecciones de 2025 fueron las más desiguales y opacas desde el retorno a la democracia y favorecieron desmedidamente al candidato-presidente. Las dudas sobre los resultados deben ser entendidas a la luz del carácter fraudulento del conjunto del proceso. Es claro que Luisa González -a quien la propia Revolución Ciudadana ha ido dejando sola en la denuncia de fraude- requiere de una «teoría del fraude» más consistente para que su demanda de recuento de votos pueda pesar, pero es claro también que la competencia no transcurrió con mínimas condiciones de equidad y transparencia. Elecciones tramposas no otorgan legitimidad democrática a quienes vencen. Solo afirman un poder abusivo.

Pablo Ospina Peralta: Es muy poco frecuente que en una segunda vuelta, con 1.200.000 votos en juego, 1.100.000 opte por una de las candidaturas y solo 100.000 lo haga por la otra. Es raro. Pero, al mismo tiempo, no hay ningún indicio material de fraude. El partido de González desplegó más de 40.000 observadores a los recintos de todo el país y no se han presentado más que unas pocas actas discutibles. En esas condiciones, un fraude de semejante dimensión solo es concebible por la manipulación del sistema informático al momento de agregar las actas y sumar sus resultados. Revolución Ciudadana cuenta con una consejera en el Consejo Nacional Electoral, que no ha planteado ninguna denuncia ni ha hecho declaración alguna en respaldo a las alegaciones de fraude. Parece difícil aceptar la tesis del fraude solo por el hecho de que los resultados son sorprendentes, sin ninguna evidencia directa.

¿Qué nos dicen las campañas de Daniel Noboa y Luisa González de la confrontación político-ideológica en el país?

Augusto Barrera Guarderas: Las campañas electorales han experimentado una transformación radical. Lejos de constituirse en espacios de debate sobre proyectos de país, han adoptado lógicas del marketing comercial. Esta tendencia se manifiesta en la personalización de los liderazgos, la «emocionalización» del discurso, la segmentación digital de los mensajes y la desaparición de plataformas programáticas. La última campaña electoral de Ecuador no escapa a esta tendencia global.

Después del impacto de las primeras medidas de seguridad (declaración de «conflicto armado interno») que elevó la aprobación gubernamental, en los meses inmediatos a la elección, la popularidad de Noboa decrecía. La falta de resultados en seguridad, el manejo de la crisis energética –con recurrentes cortes de luz-, un pobre desempeño gubernamental y algunas arbitrariedades hicieron avizorar la posibilidad de un triunfo de Luisa González. 

Pero esta percepción se fue transformando durante la campaña para el balotaje. Por un lado, la omnipresencia de la seguridad en el debate público condujo casi inmediatamente a legitimar las propuestas de mano dura y populismo penal, al tiempo que invisibilizan cualquier otros aspecto programático o incluso una aproximación diferente a la inseguridad. Al mismo tiempo, se amplificaron varios puntos débiles de la campaña de Luisa González: el fantasma de la salida de la dolarización (que Ecuador adoptó hace 25 años), la propuesta de «gestores de paz» en los barrios -a los que el oficialismo comparó con los colectivos chavistas– o la posición contradictoria de reconocer a Nicolás Maduro y amenazar con expulsar a inmigrantes venezolanos, a lo que se sumó la duda sobre una tutela de Rafael Correa sobre su presidencia. El debate social fue desplazándose de las carencias del gobierno de Noboa a una nueva versión del clivaje correísmo-anticorreísmo.

Mientras Noboa expresaba cada vez más claramente un acuerdo orgánico de todos los sectores de poder para evitar la llegada del correísmo, la principal iniciativa de Revolución Ciudadana fue la de suscribir un acuerdo de unidad de las izquierdas. Aunque se trata, sin duda, de un paso importante que ojalá tenga continuidad, la unidad se procesó en y con las dirigencias en situaciones dudosamente participativas y con la oposición de varios de sus miembros. Resulta muy difícil pensar que las desconfianzas y resentimientos acumulados y amplificados durante años desaparecerán sin una pedagogía sincera y clara de los principales lideres, que brillaron por su ausencia en los momentos decisivos, y sin un horizonte realmente compartido. Sin estos atributos que requieren tiempo y voluntad, la unidad no tuvo un efecto electoral positivo. Más que adhesiones, produjo reacciones alimentadas por el miedo al caos y la violencia potenciado por una larga campaña de estigmatización en contra de dirigentes indígenas y sociales que ha calado en el imaginario de sectores urbanos, incluso medios y populares. 

Hay que señalar además que hubo una gran diferencia en la profundidad territorial de las campañas. Mientras Noboa movilizó todo el aparato estatal en un activismo que no se vio nunca en su gestión y logró alianzas con autoridades, líderes y caudillos locales, Revolución Ciudadana no pudo construir una estrategia de expansión territorial. Los resultados muestran el escaso incremento de la votación en prácticamente todo el país. 

El contexto altamente conservador y «securitista» en el que se desenvuelve la sociedad impone límites a la capacidad de formular y pensar salidas. El debate presidencial y el clima social fue de ataques, descalificaciones, polarización extrema, noticias falsas. Y así, instalado el temor se construyó la dicotomía del bien contra el mal, el orden contra el caos, la libertad contra la opresión. 

Franklin Ramírez Gallegos: Más que las propias campañas -que en general se movieron en las coordenadas del «anti» (antinoboísmo/anticorreísmo)-, el modo en que se configuraron los bloques políticos y alianzas delineó con relativa claridad el terreno del combate ideológico. En particular, fue clave la forma en que Leonidas Iza y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) encararon la construcción de una posición colectiva de apoyo a Luisa Gonzáles como una dinámica unitaria de las izquierdas contra la «derecha neofascista» de Noboa -lo cual, no obstante, no eliminó las desconfianzas mutuas-. Al hacerlo, Iza remarcó la diferencia del movimiento indígena con el correísmo, pero distanció a los suyos radicalmente de cualquier apoyo a Noboa. «Ni un solo voto a la derecha», «no es viable el voto nulo». La resolución, construida en sucesivas Asambleas Plurinacionales del movimiento, acercó a fuerzas, como el Partido Socialista y a organizaciones sociales (campesinas, antimineras, ecologistas, comunales, afrodescendientes, feministas, barriales, sindicales, etc.) a la tesis de respaldo a Luisa González. 

Semejante convergencia establece un punto de inflexión en las trincheras que han bifurcado al correísmo del resto de las izquierdas. La implicación directa de Gonzáles en la «unidad» parece haber sido decisiva en su más o menos bien lograda puesta en escena final -las críticas a Iza desde diversas organizaciones indígenas no fueron pocas por su apoyo a la candidata correísta-.

La alusión de Iza al «momento neofascista» de la derecha se vincula a la «guerra interna» que declaró Noboa en enero 2024 en el marco de la creciente ola de violencia nacional. Desde entonces se han multiplicado los casos de desaparición forzada, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, etc., no solo como efecto de la violencia de las bandas sino de la propia militarización de la seguridad pública. La cuestión de los derechos humanos se coloca otra vez en el centro de la disputa. El caso de los asesinatos de los «cuatro [adolescentes afrodescendientes] de Las Malvinas», luego de ser retenidos por una patrulla militar, tuvo largo impacto en el campo popular. Así, no se trata, apenas, de confrontar a la «derecha oligárquica neoliberal» de siempre. El desborde de violencia estatal requiere -esa fue la lectura- de la más amplia unidad política. Noboa no hizo el mínimo gesto de perturbación ante las denuncias contra su «guerra interna». En campaña exacerbó la agenda bélica al anunciar contratos con mercenarios extranjeros, bases militares estadounidenses, y acuerdos con Trump al respecto. El sostén de las fuerzas armadas al presidente a lo largo de la campaña dibuja el eje del bloque de poder en los años por venir.  La «guerra al narcoterrorismo» es la gran innovación discursiva de la derecha ecuatoriana en medio de la inercia de su plataforma ideológica neoliberal y antiizquierdista (o anticorreísta). Las mayorías han hecho suyo ese marco y no ven otro modo de encarar los problemas de seguridad que redoblando la crueldad y la violencia contra «el mal». Los derechos humanos, en esta lógica, son parte del enemigo a doblegar. 

En el avance de esta frontera del poder y la ideología de guerra se aprecia que los resultados del 13 de abril no conciernen solo una derrota puntual de Revolución Ciudadana sino que son un golpe al conjunto de las izquierdas y el campo plurinacional popular que, de modo inédito, convergió en estas elecciones. En la primera línea de la denuncia a la militarización del país se han situado colectivos afroecuatorianos, organizaciones barriales, comunales, de derechos humanos, y de familiares y mujeres de víctimas y presos. Este tejido organizativo vive también como una derrota el desenlace del balotaje. Un brazo de la campaña oficialista hizo explícito proselitismo burlándose de los derechos humanos.

Pablo Ospina Peralta: En la práctica, ambas candidaturas se acercaron mucho en sus propuestas programáticas específicas. Ambas prometieron una Asamblea Constituyente para asegurarse el control del resto de instituciones del Estado y para reformar las incómodas innovaciones de la Constitución de Montecristi (2008). Compitieron por convencer de que su mano sería más dura y su gatillo más fácil contra la delincuencia. Noboa convocó a un mercenario extranjero, Erik Prince, para solucionar sus problemas de credibilidad; González consiguió el apoyo de última hora de Jan Topić, candidato presidencial en 2023, cuya carta de presentación era haber sido mercenario en varias guerras. González prometía una mayor sensibilidad social y mejor competencia profesional en las políticas de compensación y contención social, en lugar de las entregas asistenciales y desinstitucionalizadas de bonos, ayudas médicas y rebajas de tarifas. González se comprometió a rebajar el Impuesto al Valor Agregado, subido por Noboa, de 15% a 12%. Ambos prometieron seguir impulsando la minería metálica a gran escala, que tanta oposición ha generado en las comunidades damnificadas por el extractivismo. En política internacional, una prometía reconocer al régimen de Nicolás Maduro, mientras el otro acercarse a mendigar las sobras de la política de Donald Trump. Las diferencias eran magnificadas por unos y otros como si estuvieran enfrentándose el estalinismo contra el mussolinismo. 

¿Estamos ante un régimen autoritario?

Augusto Barrera Guarderas: Se observa una tendencia hacia una forma de democracia deteriorada con perfiles autoritarios. Hay varios factores que empujan a sobrepasar la tenue línea del Estado de derecho (estados de excepción, uso partidario de las instituciones de justicia, incluyendo la electoral, etc.). 

Estas decisiones se justifican por la necesidad de enfrentar la violencia y la inseguridad; este clima social otorga una patente de corso para empujar cada vez hacia un Estado autoritario. Pero al mismo tiempo, hay una cierta complicidad mediático-institucional para enfrentar al correísmo y por extensión a cualquier forma de respuesta popular o alternativa. En este círculo de terror se van debilitando las instituciones republicanas. 

No hay que olvidar que la reelección de Noboa expresa la concentración del poder económico y político con ribetes familiares que anuncia una forma de régimen oligárquico. La campaña y la propia vocería gubernamental tiene poquísimos contenidos sustantivos que permitan identificar la visión de país que propone el presidente reelecto. Habrá que seguir con detenimiento si se profundizará esa perspectiva autoritaria o se abre alguna forma de gestión con ribetes institucionales.

Franklin Ramírez Gallegos: Poco antes de la segunda vuelta, el gobierno de Noboa hizo pública su negativa a cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso la conformación de una «Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado». Se trata de un mecanismo técnico para «superar los problemas de violencia a través del régimen constitucional ordinario». La resolución de la Corte, la más alta instancia en materia de interpretación de la Carta Magna, es de acatamiento «obligatorio e inmediato» y supone una crítica abierta a la política de seguridad del gobierno mientras pone en duda el arbitrario uso de los estados de excepción a lo largo del último año. Pero Noboa ha desoído por completo a la Corte. El país de la militarización y el estado de excepción permanente constituye un terreno propicio para violaciones de libertades políticas básicas y derechos humanos y para encaminar una relación despótica con la sociedad.

Así como en el desacato a la Corte Constitucional, la configuración de una voluntad autocrática que se impone sobre las instituciones ha sido constitutiva del juego político del gobierno a medida que se profundiza su apego a la «guerra interna». Ha llegado incluso a ordenar la expedición de normas previamente vetadas y archivadas por la Asamblea Nacional. 

Las altas cortes, incluida la Constitucional, han venido colaborando con esta erosión democrática al dilatar la resolución de casos complejos o pronunciarse de modo ambivalente sobre decisiones atentatorias a los derechos. Han jugado a los equilibrios de poder -con miramientos y temores hacia el presidente- y no al necesario respeto del orden constitucional. La amplia victoria electoral de Noboa, aún bajo discusión, podría incentivar la mayor disposición autoritaria del gobierno. El índice democrático recientemente publicado por The Economist ya sitúa a 2023 y 2024 como los años de mayor deterioro de la democracia en Ecuador desde que la medición existe (2006).

Pablo Ospina Peralta: Todo el ambiente mundial, regional y local empuja hacia la demanda de orden a cualquier precio. El miedo, la incertidumbre y, muy especialmente, el temor a una delincuencia desbocada con cifras de criminalidad organizada desconocidas en la historia ecuatoriana, crean un peligro verdadero. Existe también en Ecuador un conservadurismo social y cultural, sensible a la propaganda religiosa, que retoma los tópicos de la vida cotidiana, como el aborto, la adopción por parejas homosexuales o la corrupción de los valores tradicionales, para aprovecharlos políticamente. Pero Noboa no ha puesto énfasis en esto todavía. 

El centro de su autoritarismo reside darle libertad e impunidad a las fuerzas policiales y militares contra el crimen organizado, sin importar los medios ni las víctimas colaterales. Llegó incluso a prometer indultos a policías por operativos futuros. Su desprecio por las instituciones liberales y la legalidad no ha superado hasta el momento los límites de un país sin instituciones respetables ni respetadas por nadie. No quiere decir que no pueda seguir empujando las fronteras de lo aceptable. Ahora bien, reconociendo el peligro, el gobierno de Daniel Noboa ha mostrado suficiente incompetencia, indolencia y falta de profesionalismo como para dudar de su habilidad política para forjar una hegemonía estable del estilo y duración del uribismo en Colombia o el fujimorismo en Perú.

¿Qué escenario se abre a partir de los resultados electorales?

Augusto Barrera Guarderas: El presidente ha dicho que se trata de un triunfo del bien sobre el mal, pero a la vez su ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha llamado a la unidad y la conciliación. Pese a estas incertidumbres está claro que se profundizará el alineamiento internacional de Ecuador en el nuevo eje de la derecha mundial y se mantendrá una lógica de seguridad basada en el despliegue militar y policial.

En las primeras horas después del triunfo electoral de Noboa, se observa una euforia de los grupos empresariales y financieros que han posicionado dos demandas: retomar el ajuste del Estado y, de manera especial, convocar a una Asamblea Constituyente. 

Si bien hay desajustes institucionales muy graves, como el caos institucional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la idea que esgrimen estos sectores es trasladar este triunfo político electoral a la arena de las reglas constitucionales en aspectos medulares como los derechos, la flexibilización laboral, las privatizaciones y el régimen de desarrollo. Esta será una de las batallas cruciales en medio del agravamiento del desangre del país, del desempleo, del incremento de la pobreza. 

Para Revolución Ciudadana y para buena parte de las izquierdas es una dura derrota política. Pero aún no hay indicios de si esto provocará reorientaciones sustantivas. En cualquier caso, queda claro que se abre un nuevo período para el que será necesario repensar las formas de acción y articulación política y social del campo popular y de sus organizaciones políticas y sociales. Hay un debilitamiento del tejido social y la guerra interna profundiza la desconfianza en las instituciones y en las personas. Parece indispensable hacer un gran esfuerzo de reacercamiento a la sociedad que oxigene y renueve la capacidad política  para enfrentar el complejo camino que el país tendrá que recorrer. En cierto modo también se cierra un ciclo que podría abrir oportunidades de reconfigurar de manera amplia y democrática un campo para las izquierdas.

Franklin Ramírez Gallegos: Cabe esperar una profundización de las coordenadas de la «guerra interna» como principal eje de la acción estatal frente el avance del narcotráfico y el poder de las bandas criminales en el territorio. La violencia seguirá operando como principal regulador social (con el miedo como recurso político) y palanca de sostenimiento de las vías de acumulación y control de las resistencias. El sostenimiento de dicha estrategia restringirá el resto de la acción estatal tanto en términos de promoción del desarrollo nacional como de políticas sostenibles de protección social. Los desequilibrios presupuestarios son graves -más aún luego de la millonaria campaña oficial con recursos del fisco- y se reactivará la dinámica de endeudamiento y austeridad. En suma, guerra interna, financiarización -continuarán relajados los mecanismos de monitoreo y vigilancia del colosal lavado de activos en la banca nacional y paraísos fiscales- y relanzamiento del paquete neoliberal (privatizaciones, flexibilización laboral, tratados de inversión), todo en condiciones de mayor erosión democrática (o abierta autocratización), reforzamiento del eje cívico-militar y expansión de la precarización y de las zonas de sacrificio de pobres y racializados.

Buena parte de las reformas estructurales pendientes podrán dirimirse en una Asamblea Constituyente que el gobierno calcula convocar en los próximos meses. Esa fue una de sus ofertas de campaña, aunque no sea muy clara su hoja de ruta y el lugar que pueda tener en el proyecto de Noboa. El reforzamiento de poder obtenido de su reciente reelección podría asegurarle la cobertura institucional necesaria para tramitar las reformas que disponga -el único punto de contrapoder institucional residiría, eventualmente, en la Asamblea Nacional si se sostiene el acuerdo Revolución Ciudadana-Pachakutik- sin pasar por un proceso de reemplazo constitucional. La instalación de un Asamblea puede ser muy costosa para un gobierno sin ningún talante para la deliberación y la negociación política.

Es probable, en todo caso, que una Asamblea Constituyente termine por fungir como un mecanismo de refrendación política que permita a Noboa ganar tiempo para configurar algo así como un proyecto nacional -concepto históricamente esquivo para la derecha oligárquica del país- del que ahora carece por completo. Dicho proyecto, no obstante, seguiría en las líneas de la contra reforma estatal que el anticorreísmo ha empujado desde 2018 bajo tres distintos gobiernos. Para ser breve, se trataría del espejo inverso de la Constitución aprobada en 2008 durante el inicio del gobierno de Revolución Ciudadana. Particular encono se situaría hacia el garantismo, la plurinacionalidad, el activo papel del Estado en la planificación del desarrollo y el control de los mercados, los candados a las privatizaciones en sectores estratégicos y a la posibilidad de situar bases militares en suelo nacional, los derechos sociales, los derechos de la naturaleza y los mecanismos participativos allí contemplados. Tanto de cara a la aceleración de la política de guerra como de una eventual constituyente parece fundamental que la aún incipiente y frágil apuesta por la unidad del campo popular pueda madurar y tomar formas más robustas hacia adelante. El tejido social, comunal, territorial requiere de mínimos resguardos político-democráticos para sostener sus dinámicas de resistencia, cuidado y reproducción en medio de la violencia y la deserción estatal. Todo esto demanda reflexión, autocrítica y capacidad de innovación política en el espacio de las izquierdas.

Pablo Ospina Peralta: La impresión que arroja el resultado electoral es que el pueblo ecuatoriano quizá se da cuenta de las torpezas y errores del gobierno, pero todavía lo considera «nuevo», «joven» y que «puede aprender». Un año y medio se juzgó demasiado poco para un juicio definitivo. El electorado decidió extenderle el plazo de prueba por cuatro años más. Sobre todo, esa condescendencia fue posible porque la alternativa correísta no fue capaz ni de diferenciarse lo suficiente, ni se sacudirse de sus pesos muertos del pasado. El anticorreísmo sigue muy vivo, especialmente en la Sierra y la Amazonia, tradicionales bastiones de las izquierdas y centroizquierda ecuatorianas. Los escenarios posibles parecen dos. Apalancado en la búsqueda de orden a cualquier precio, Noboa busca construir una popularidad similar a la de Nayib Bukele, que le permita implementar una agenda de liberalización económica y reducción del tamaño del Estado a sus formas más minúsculas y asistenciales. El camino de Fujimori. El segundo escenario es el desgaste paulatino e irremediable de un gobierno inútil, que pese a sus escenificaciones está fracasando en una guerra contra el narcotráfico que nadie ha ganado nunca en ninguna parte, y que aprovecha lo que le quede de tiempo para el saqueo de los bienes públicos. 

La pesadilla terminará en cuatro años dando paso a una nueva incertidumbre, parecida a las incertidumbres del sistema político peruano, sin partidos dignos del nombre, con un membrete político que sustituye al siguiente sin trayectoria ni porvenir. Por el lado de la oposición, el correísmo está sumido en la parálisis: este resultado ha convencido a amigos y enemigos de que no puede superar su techo, ni contra representantes orgánicos del empresariado, como Guillermo Lasso, ni contra gobiernos ineptos, como el de Noboa. El fardo de la herencia viva de Rafael Correa es auténticamente paralizante: sin él, Revolución Ciudadana no es nada; con él, no puede ganar una segunda vuelta. Además de cualquier fórmula de derecha o de nuevos outsiders, solo queda la estructura del movimiento indígena, como refugio y expectativa. Al margen de todas sus limitaciones, conserva una estructura, un prestigio y una reserva moral. Es un movimiento social auténtico. Tuvo una oportunidad entre 2021 y 2023. La desperdició. Quizá no sea demasiado ingenuo soñar con que pueda tener otra.