29 de enero de 2025
El domingo 26 de enero tuvo lugar un dramático enfrentamiento entre Estados Unidos y Colombia, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro impidió el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que transportaban a migrantes deportados, que se encontraban engrilletados, declarando que los inmigrantes deben ser tratados con dignidad. A esto le siguió un intercambio en el que ambos países amenazaron al otro con imponerle mayores aranceles hasta que, finalmente, se anunció un acuerdo por medio del cual Colombia comenzaría a aceptar vuelos con migrantes deportados. Mientras tanto, Trump ha enviado 1.500 soldados en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, con lo que ha militarizado aún más la región. “Esto nos preocupa muchísimo”, dice el activista de derechos migratorios Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, la cual tiene su sede en El Paso, Texas, y está trabajando junto con otras organizaciones para brindar recursos, como las capacitaciones conocidas como “Conoce tus derechos”, para la gente migrante que hoy está viviendo en un estado de “miedo y ansiedad”.
Transcripción
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman.
Hoy vamos a tratar las nuevas medidas represivas del presidente Trump contra la inmigración. La Casa Blanca dice que Colombia acordó recibir en su territorio vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos, tras un dramático enfrentamiento el domingo entre los líderes de ambos países después de que el presidente Petro rechazara dos aviones militares estadounidenses que llevaban inmigrantes esposados de píes y manos, alegando que estos deben ser tratados con dignidad.
Luego, el presidente Trump impuso nuevos aranceles y sanciones a Colombia, aranceles del 25% que, según dijo, llegarían al 50%. Petro afirmó que, en represalia, impondría también nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses, pero a las pocas horas la Casa Blanca anunció que ambas partes habían llegado a un acuerdo.
La disputa con Colombia se produjo al tiempo que el Gobierno de Trump anunciaba que casi mil personas fueron arrestadas el domingo en redadas contra inmigrantes en Chicago, Newark y otras ciudades. Las comunidades locales están buscando formas de defenderse. 34.01
Por su parte, el Pentágono anunció el envío de 1.500 militares en servicio activo, incluidos 500 infantes de marina, a la frontera entre Estados Unidos y México, donde se unirán a miles de miembros de la Guardia Nacional y militares en reserva que ya están desplegados allí.
Para más información, vamos a Ciudad de México, donde nos acompaña Fernando García, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Esta es una avalancha de órdenes ejecutivas y acciones en todo Estados Unidos contra inmigrantes. Quiero preguntarle primero sobre la creciente militarización de la frontera. Trump está enviando unos 1.500 soldados en servicio activo. Usted está normalmente en El Paso. ¿Cuál es la situación en la frontera?
FERNANDO GARCÍA: Sí. Mira, Amy, primero que nada, no es la primera vez que se hace este despliegue de militares en activo a la frontera. Ya lo hemos visto en la administración primera de Trump y en algunas otras presidencias. Aquí no sabemos cuál va a ser la proporción del despliegue. Hasta ahorita se han desplegado 1.500 soldados en activo. Hemos escuchado de una manera informal que serían hasta 15.000 a soldados que serían desplegados en la frontera. Ahorita los tenemos sobre todo en lo que se llama el Campamento de Fort Bliss, en donde están siendo preparados para un despliegue a lo largo de la frontera. A nosotros nos preocupa muchísimo ese despliegue, ya que estos soldados no están entrenados para lidiar con la población civil. Ya hemos tenido incidentes en el pasado donde han causado daño al no saber cómo aplicar una ley civil. Están preparados para la guerra, desde luego. Y tenemos incidentes como el de Redford, Texas, en 1997, donde soldados de una unidad de marines mató a un ciudadano americano, o como hemos visto en otros despliegues en Texas específicamente. Entonces nos preocupa mucho el impacto que vaya a tener esto en las comunidades fronterizas.
AMY GOODMAN: ¿Puede hablar de lo que está sucediendo en EEUU en este momento? Vimos la redada de ICE en Newark, Nueva Jersey, y el presidente Trump ha dicho que también irán a las escuelas y a las iglesias. Describa el temor que hay en la comunidad y cómo se están organizando ustedes.
FERNANDO GARCÍA: Lo más preocupante, de nuevo, es que hay una gran incertidumbre y miedo en la comunidad latina, en la comunidad hispana, especialmente el miedo a ser detenido, a ser separado y a ser deportado de sus familias, precisamente. Hemos visto cómo la separación de familias ya ha causado un gran daño anteriormente. Entonces, hay un gran miedo sobre eso y especialmente con esta retórica tan violenta de esta administración. Lo que nosotros estamos haciendo es lanzando un amplio proyecto de educación comunitaria sobre derechos civiles en donde estamos yendo a comunidades desde Albuquerque, Eagle Pass, Presidio, El Paso, hemos estado en California también, en donde estamos compartiendo y entrenando a miembros de la comunidad sobre cómo aplicar sus derechos civiles y constitucionales en caso de una redada. Hablando de cuestiones como la Enmienda 4.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución, que garantiza derechos legales a las personas, por ejemplo, a no abrir la puerta si no tienen una orden de cateo, a no contestar una pregunta si no quieren contestar alguna cuestión sobre migración. Entonces, para nosotros ahorita hay que fortalecer el conocimiento de sus derechos para que puedan minimizar este miedo tremendo que tienen en nuestras comunidades.
AMY GOODMAN: Una de las primeras cosas que hizo Trump fue eliminar el grupo de trabajo que estaba tratando de reunir a las familias que fueron separadas durante su primer mandato. Se estima que unos 1.000 niños continúan separados de sus familias. ¿Puede hablar de la importancia de esta medida y en general de las implicaciones morales de lo que está sucediendo?
FERNANDO GARCÍA: Sí. Mira, lo que hace la administración Trump en su primer gobierno es implementar una política cruel, violenta, de separar niños de sus padres y de sus madres. Estamos hablando de que muchos de ellos son bebés, niños de dos, tres, cuatro o cinco años. Después de que empezó la nueva administración de Biden, se creó esta fuerza de tarea, esta comisión, para poder reunificar a esos familiares, lo cual no se logró. Muchos de ellos quedaron todavía separados, están separados. Y en este nuevo esfuerzo de esta administración lo que vemos es el poco interés, primero, por poder volver a juntar esas familias, y segundo, parece ser que estamos en la antesala de lo que será un problema de separación aún mayor. Yo creo que lo que está haciendo Trump es quitar cualquier obstáculo que le impida poder seguir separando familias, como ya lo planteó, su interés no es las familias migrantes o las familias latinas. Su interés es una política dura de deportación y va a tener ese impacto en estas familias que ya están siendo detenidas ahorita en la frontera, en el interior de los Estados Unidos, muchas familias están siendo separadas y creo que esto va a ser parte de lo que quieren que se normalice, la separación de familias una vez más.
AMY GOODMAN: ¿Puede explicar el memorándum sobre “zonas sensibles”, las repercusiones de la eliminación de las áreas protegidas, los efectos en todo el país y lo que esto significa para las personas que tienen miedo de ir a trabajar y las familias con miedo incluso de que sus hijos vayan a la escuela?
FERNANDO GARCÍA: Mira, esta política, este memorándum interno que desarrolló el Departamento de Seguridad Nacional, de hecho empezó en El Paso, Texas, en los años 2000… del 97, 98, al 2000, donde la patrulla fronteriza, “la migra”, estaba entrando a una escuela, a la Bowie High School, y estaba preguntando a los maestros, a los alumnos sobre su estatus legal. Se dio una gran lucha comunitaria para que se sacara a la migra de las escuelas. Y ese fue el modelo del memorándum de las zonas protegidas. Después no fueron escuelas solamente, fueron también iglesias, fueron hospitales y clínicas. Después se amplió más para centros comunitarios. Entonces se supone que este memorándum, esta política interna, protegía el lugar en donde ibas a expresar tu derecho religioso, o ibas a llevar a tus niños a la escuela, o si estabas enfermo, ibas a la clínica sin el miedo de que ahí iba a haber una redada en migración o que te iban a ir a cuestionar sobre tu estatus migratorio. Esa fue la política durante casi 25 años. Entonces, lo que hizo el presidente Trump es esencialmente desaparecer con una firma toda esa política. ¿Y qué quiere decir?, que muchas familias ya están dudando si van a llevar a sus hijos a la escuela o si van a ir a la iglesia a practicar su religión. O sea, está teniendo un profundo impacto en nuestras comunidades.
Entonces creo que muestra la deshumanización, la falta de interés y sobre todo la agresión a una comunidad que ha sido golpeada una y otra vez, como es la comunidad migrante, especialmente la comunidad migrante latina.
AMY GOODMAN: Y no solo es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; también vimos que en una escuela primaria en Chicago estuvo el Servicio Secreto. Fernando, ustedes están informando a la comunidad sobre sus derechos, ¿la gente tiene que abrir la puerta? Por ejemplo, en Newark, en la zona de Ironbound donde se llevó a cabo la redada en un depósito de mariscos, allí detuvieron a un veterano, un ciudadano estadounidense, e Inmigracion ni siquiera tenía una orden judicial.
FERNANDO GARCÍA: Eso es extremadamente importante dar a conocer. No solo la comunidad migrantes, sino también la comunidad ciudadana de los Estados Unidos, no conoce sus derechos constitucionales y han repetido la mentira de que no tienes derechos si no tienes papeles. Eso es falso y eso es incorrecto. Si un agente de ICE o de la policía local, o un agente federal no trae una orden de cateo, no puede entrar a tu casa. Tú no le tienes que dar el permiso de entrar si no quieres. Desgraciadamente, muchas de nuestras familias, en muchas de las ocasiones, abren la puerta y dejan entrar a los agentes de migración aunque no traigan orden de cateo. Entonces, el derecho fundamental de alguien es no abrir la puerta. Si no hay una orden de cateo, no tienes que hacerlo. Tienen que tener un mandato legal.
Segundo, si ya te encuentras en frente de alguien como ellos, que te está preguntando, cualquier autoridad local o federal o estatal, sobre tu estatus migratorio, tú puedes negarte a contestar esas preguntas, permanecer callado y pedir ver un abogado. Eso también está garantizado en las enmiendas constitucionales. Y desgraciadamente, nuestras familias no conocen eso. Entonces, muchas de estas cosas se pueden evitar si realmente se pueden aplicar y se aplicaran estos derechos constitucionales de una manera más efectiva.
AMY GOODMAN: Usted está en la Ciudad de México, Fernando, solemos hablar con usted en El Paso, donde se encuentra la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. ¿Está haciendo algo con organizaciones mexicanas? Acabamos de informar sobre las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% y luego del 50% a Colombia cuando el presidente Petro se negó a aceptar vuelos con inmigrantes deportados. Luego llegaron a un acuerdo. México también aparentemente se negó a recibir un vuelo con migrantes, aunque, después de que se publicó un artículo al respecto, al parecer aceptó recibir cuatro vuelos. ¿Qué está pasando en México?
FERNANDO GARCÍA: Mira, son tres cosas. La primera es que hay mucha preocupación dentro de las organizaciones comunitarias o de derechos humanos en México de que la presidenta Sheinbaum doble las manos ante la política antiinmigrante y antimexicana de Trump. ¿Qué quiere decir?, que la Presidenta empiece a aceptar programas como el “Quédate en México” o algo similar al Título 42 o la deportación masiva hacia México. Entonces la presidenta Sheinbaum ha dicho anteriormente que ellos van a proteger los derechos de los mexicanos, que no van a aceptar a nadie que sea deportado a México que no sea mexicano. Entonces, eso es al menos ahorita la posición oficial. Sin embargo, nos preocupa que a través de la presión económica de los aranceles, esta posición empiece a cambiar. También está muy preocupada la comunidad de organizaciones mexicanas sobre el impacto que va a tener la deportación masiva, en este caso la creación de campos de refugiados, no solo en la frontera, sino también en el interior de México en donde estén muchos migrantes, tanto retornados y deportados como los que van en camino, sin los servicios necesarios legales, sin comida, sin agua, sin apoyo. Realmente en México no hay la infraestructura para tener a migrantes en las cantidades en las que se está proyectando hacer. Entonces están también preocupados por eso.
Y la tercera cosa es que se está tratando de ver y coordinar con organizaciones de México, el cómo observar y cómo reportar y documentar las violaciones a los derechos humanos tanto en México como en Estados Unidos de los migrantes. Entonces estamos tratando de extender esos lazos de cooperación.
AMY GOODMAN: Fernando García, muchas gracias por acompañarnos. Fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas, hablando con nosotros desde la Ciudad de México. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede hacer clic aquí. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
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