marzo 2025

Pese a que Nayib Bukele y Marco Rubio anunciaron un acuerdo por el que El Salvador recibiría a ciudadanos de distintos países que se encuentran presos en cárceles estadounidenses, ningún deportado ha llegado todavía al país centroamericano. Lo que sí ha llegado es un modelo de seguridad y carcelario basado en la violencia, la tortura y la represión.

Nelson Rauda Zablah

El titular es la realidad 

El 3 de febrero, tras una reunión con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció «el acuerdo migratorio más extraordinario y sin precedentes de todo el mundo». Según Rubio, El Salvador se ofreció a convertirse en la cárcel de Estados Unidos, recibiendo a «cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad». El estadounidense agregó que «ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad» como la que hizo Bukele. 

La oferta es adicional, por supuesto, a que El Salvador reciba a su propia población deportada. El año pasado esa cifra fue de unas 14.000 personas, 22 % mayor que la de 2023. Recibir connacionales deportados es una rutina que ahora se vende como parte de un acuerdo diplomático, ya que países como Colombia o Venezuela han protestado por las formas que tiene Estados Unidos de expulsar a los migrantes y se han negado a recibirlos en esas condiciones. 

Pero lo que se llevó toda la atención fue la idea de tercerizar las cárceles. Se publicaron titulares como «Bukele ofrece a Trump su megacárcel para criminales capturados en Estados Unidos» y medios de todo el mundo se preguntaron si peruanos, argentinos o venezolanos, incluidos los miembros de la banda criminal Tren del Aragua, podrían terminar presos en El Salvador.   

Creencias instaladas   

Bukele ha conseguido instalar en el imaginario público la idea de que El Salvador es el país más seguro de América, del hemisferio e incluso del mundo. Su modelo de seguridad sería tan notable que ahora se daría el lujo de ofrecer sus servicios a Estados Unidos, la principal potencia global. En América Latina no son pocos los ciudadanos que, frustrados con la pregnancia del crimen en sus sociedades y cansados de la ineficacia de los políticos y del incumplimiento de las promesas de la democracia, encuentran en Bukele a un líder eficaz. Eso es, de hecho, lo que muestran los medios de comunicación. El comentario es cada vez más común: «necesitamos un Bukele en Perú», «necesitamos un Bukele en Colombia», «necesitamos un Bukele en Bolivia». En diversos canales de YouTube, El Salvador es presentado como un país con una economía próspera, aunque en la realidad haya casi un millón de salvadoreños al borde de la hambruna. En esos mismos canales, la adopción del bitcoin es un éxito, aunque la mayoría de salvadoreños ya ni lo usen y una reciente reforma legal lo haya eliminado como moneda de curso legal.   

La propaganda no es la realidad   

Un mes después del anuncio de los acuerdos con Rubio, no hay información pública de que haya venido a El Salvador un solo extranjero deportado de Estados Unidos. Ni uno. De hecho, es posible que eso no ocurra. Pocos días después de reunirse con el presidente de El Salvador, Marco Rubio dijo en Costa Rica que «hay aspectos legales que considerar» antes de proceder con la oferta de Bukele. «Tenemos una Constitución», afirmó el secretario de Estado. Que los funcionarios de Trump todavía piensen en la Constitución como un límite a su poder es de las últimas salvaguardas ante un poder avasallador. 

Ese tipo de consideraciones son nimiedades en El Salvador, un país en el que la Constitución ya no parece valer nada. A fines de enero, los diputados de Bukele se otorgaron a sí mismos una serie de facultades para modificarla sin límite alguno. Y en febrero de 2024, Bukele volvió a ser candidato luego de un primer mandato presidencial, aunque la letra de la Constitución lo impedía (en El Salvador no hay reelección inmediata). Solo pudo hacerlo porque unos magistrados, electos de la noche a la mañana por su propio partido, «interpretaron» la Constitución arbitrariamente con el objetivo de dejarlo participar en la contienda electoral. En El Salvador no queda ningún poder capaz de hacer que el presidente cumpla la ley. 

Estos entresijos legales son más difíciles de explicar que los videos de cientos de hombres rapados y tatuados corriendo bajo las macanas de los custodios en una enorme galera iluminada, perfectamente alineados para las cámaras. Influencers y medios llegan al país para hacer turismo carcelario y el gobierno les abre las puertas del Centro de Confinamiento de Terrorismo, el Cecot, la enorme prisión que Bukele construyó en 2023. 

Esas imágenes le han permitido a Bukele mostrarse como un hombre fuerte y como un líder conservador, dejando de lado al que celebraba el cumpleaños del Che Guevara al inicio de su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El que ha prevalecido es el Bukele carcelero que, con el Cecot como joya de la corona, va a enseñarle al mundo como pacificar un país. La situación ha llegado a tal extremo que la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich se ha reunido con su homólogo salvadoreño para pedirle consejos, aunque El Salvador es un poco más pequeño que la provincia de Tucumán y Argentina no ha llegado ni de lejos a los índices de homicidio que tuvo El Salvador desde el retorno de la democracia. El propio Bukele dijo que «como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño» que el del Salvador.

El triunfo de un país que no existe   

El Cecot es solo una de las 23 prisiones que hay en El Salvador. No hay imágenes del interior de las demás. En YouTube no hay tours a Izalco, Mariona o Apanteos, las prisiones en las que, según organizaciones de derechos humanos, han muerto más personas. La cifra de fallecidos se ubica en más de 370 desde el inicio del régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario. 

Las personas apresadas no mueren por causas naturales. Las familias reciben diagnósticos de edema pulmonar, pero cuando abren los ataúdes encuentran cuerpos con señales de torturas y golpizas, como le pasó a Francisco Huezo López, un comerciante de 64 años. Los medios independientes han documentado decenas de casos similares. Desde el medio El Faro hemos publicado docenas de testimonios de gente que ha visto, ha escuchado, ha sufrido en esas cárceles. Ninguno de ellos estuvo en el Cecot. 

Pese a la dureza de las prisiones y a la impunidad de los carceleros, o quizá gracias a ello, Bukele sigue siendo inmensamente popular en El Salvador. El régimen de excepción, un conjunto de suspensiones de garantías constitucionales como el derecho a la defensa o a la privacidad de las comunicaciones, está vigente desde marzo de 2022. La aplicación de ese régimen permitió al gobierno realizar capturas masivas de más de 85.000 personas. Esas personas fueron retenidas sin tener cuidado de los tiempos procesales, que también están suspendidos. En un país donde el presidente no cumple la ley, otros funcionarios se sienten empoderados. Está documentado, por ejemplo, que la Dirección de Centros Penales no libera a personas que tienen orden judicial de libertad. Algunas de esas personas han muerto. No ha habido ninguna consecuencia para los funcionarios a cargo. 

Pero el régimen desarticuló la operatividad de las pandillas. Una población que vivió sometida a la crueldad y la violencia de los grupos criminales aplaude a un gobierno que presume de dureza pero que, sobre todo, ha eliminado de las calles a los pandilleros que controlaban las entradas a los barrios, que extorsionaban, que mataban. Las cifras de homicidios son reservadas, pero la violencia ha disminuido mucho. 

Ese resultado parece enmascarar todo lo demás. Criticar cualquier aspecto del gobierno –el cierre de decenas de escuelas, los desalojos forzados de vendedores informales, el fracaso de la política del bitcoin– trae como resultado inexpugnable una pregunta: ¿entonces quieres que vuelvan los «mareros»? 

Latinoamérica sufre la peste del olvido. Vivimos en tiempos donde los escándalos son de corta duración, siempre seguidos de uno peor. Pero es necesario recordar cómo empezó ese régimen de excepción. Bukele es presidente desde 2019, pero su primera idea no fue la de las capturas masivas. Su gobierno pactó con las pandillas. Esto está documentado, no solo en investigaciones periodísticas, sino también judiciales. Una corresponde a la fiscalía salvadoreña ahora cerrada y otra a un caso abierto en la fiscalía de Nueva York. El gobierno de Bukele negoció con las pandillas la reducción de homicidios. Esas negociaciones se hicieron en las cárceles. Distintos funcionarios, entre los que se encontraba el propio director de prisiones, ingresaron en los centros de reclusión con hombres encapuchados, que diversos investigadores señalaron como pandilleros en libertad. Cuando ese pacto se rompió, la pandilla MS-13 asesinó a 87 personas en el fin de semana más violento del siglo en El Salvador. El régimen de excepción empezó ese mismo fin de semana. 

Detrás del telón

No voy a aburrirlos con la innumerable cantidad de detalles que confirman las negociaciones, pero el caso de «El Crook» es de película. Elmer Canales, alias Crook, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha, estaba preso en El Salvador por dos homicidios y tráfico de objetos prohibidos en Centros Penales. Había sido condenado a 40 años de cárcel en 2020. Estados Unidos había pedido su extradición. La Corte Suprema, donde el partido de Bukele ha electo a los 15 magistrados, se negó a otorgarla. Pero en noviembre de 2021, Carlos Marroquín, un funcionario de Bukele, liberó a Crook sin orden judicial. En un audio grabado por pandilleros Marroquín admite haber «sacado al viejo y haberlo llevado a Guatemala». Crook llegó a México. Para recapturarlo, la policía salvadoreña le encomendó a un líder pandillero en libertad negociar con carteles mexicanos. No lo lograron. Crook fue finalmente detenido por la policía y, en un proceso opaco, fue deportado a El Salvador con escala en Houston, donde fue arrestado por autoridades estadounidenses. Ahora se encuentra en prisión en Nueva York. 

Eso nos trae de vuelta a Marco Rubio. Durante su visita, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos fue a la televisión e hizo una admisión rara. Dijo que el presidente había pedido, como «punto de honor» en la negociación con Estados Unidos, que los cabecillas de las bandas regresaran al país. Crook y otros cinco líderes de la MS-13 están en Estados Unidos. Algunos de ellos podrían testificar en contra de Bukele en distintos juicios. 

¿Cómo salió Crook del país? No fue una fuga. Las investigaciones han documentado que se alojó en un apartamento de una zona lujosa de San Salvador y que incluso alguien le entregó un arma. Eso solo puede pasar con la colaboración de las autoridades. ¿Por qué lo harían? Esas preguntas pueden hallar respuesta en un juicio público, distinto a los de El Salvador donde el acceso a los procesos es limitado. Mientras los cabecillas están fuera, se ven exentos del férreo control que Bukele tiene sobre todo el aparato estatal en El Salvador.

Ni la embajadora ni Bukele hablaron en esas negociaciones de los cientos de miles de salvadoreños en riesgo de deportación con las políticas de Trump. El Salvador es un país de seis millones de habitantes. Aproximadamente otros tres millones viven en Estados Unidos, y de las remesas que ellos mandan depende una quinta parte de la economía nacional. 

Pero ese no fue el punto de honor en la conversación con Rubio. Fueron los cabecillas. El presidente dijo que El Salvador, al convertirse en la cárcel de Estados Unidos, tendría un rédito económico. Pero según algunos analistas, el flanco que busca proteger es su propia vulnerabilidad ante las cortes estadounidenses.  

Ya ha pasado antes. Bukele quizá se ve en el espejo de Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño que se reeligió inconstitucionalmente en 2017. Aunque tuvo la venia de Estados Unidos para su reelección, ellos mismos lo capturaron apenas dejó de ser presidente, y fue condenado por cargos de narcotráfico en junio de 2024. Ya que Estados Unidos considera a la MS-13 como una organización terrorista, no parece probable que vean con buenos ojos a un presidente que negoció con ellos. Bukele ha sabido construir un relato donde su modelo es lo que el mundo necesita, una nación tan exitosa que incluso puede encargarse de los criminales de otros países. La realidad es más turbia. Tras la recepción a Rubio en una propiedad estatal cerca de un lago, tras los juramentos de amistad, hay quien lee señales de debilidad, incluso de desesperación, para evitar el destino que tantos otros caudillos latinoamericanos han seguido cuando salen del poder. Por eso se aferran a él.