19/03/2024
El 5 de marzo, el primer ministro interino de Haití despegó en un avión Gulfstream fletado desde un aeropuerto de Nueva Jersey sin ningún lugar adonde ir.
Ariel Henry, líder no electo de Haití desde julio de 2021, había pasado semanas viajando por África y América tratando de conseguir apoyo internacional para su país, que ha estado sumido en la pobreza crónica, la inestabilidad política y una insurgencia de grupos criminales liderados por un ex haitiano. El oficial de policía convertido en líder de una pandilla, Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”.
Mientras Henry estaba fuera del país, Barbecue y sus aliados coordinaron un asalto armado pidiendo el derrocamiento de Henry. Asaltaron comisarías de policía y prisiones, liberaron a unos 3.700 reclusos y atacaron el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, haciendo demasiado peligroso para Henry aterrizar allí.
En cambio, Henry intentó negociar un plan para aterrizar en la vecina República Dominicana, pero fue rechazado en el último minuto por el gobierno de ese país, según funcionarios estadounidenses, funcionarios caribeños y expertos regionales familiarizados con el asunto. Otros países caribeños reaccionaron con frialdad ante la perspectiva de recibir a Henry cuando su apoyo a nivel nacional y extranjero comenzó a colapsar. Finalmente aterrizó en el territorio estadounidense de Puerto Rico, donde permaneció en el limbo hasta el 12 de marzo, cuando anunció su intención de dimitir.
El caos y la incertidumbre del último vuelo de Henry como primer ministro subrayaron el tumulto político que se ha apoderado de Haití y la tibia respuesta a la espiral descendente de Haití por parte de una comunidad internacional sobrecargada y reacia a abordar otra crisis más.
Si Haití aún no es considerado formalmente un Estado fallido, va por buen camino. Las instituciones gubernamentales y los servicios básicos se han derrumbado y la violencia de las pandillas ha provocado una de las peores crisis humanitarias y de refugiados en el hemisferio occidental.
"Es una situación extremadamente peligrosa", dijo Bocchit Edmond, ex ministro de Relaciones Exteriores de Haití que ahora dirige el grupo de expertos del Observatorio Haitiano de Relaciones Internacionales. "Sin un cambio, nos enfrentamos a la posibilidad de que una nación entera se convierta en una gran cárcel al aire libre dirigida por pandillas".
Sin embargo, cómo debería ser ese cambio (y quién podría estar dispuesto y ser capaz de intervenir para hacerlo realidad) sigue siendo tan poco claro ahora como lo ha estado durante más de dos años.
El casi colapso de Haití ha provocado reuniones frenéticas entre líderes regionales en las últimas semanas y acalorados debates entre la administración Biden y el Congreso sobre qué papel, si alguno, debería desempeñar Estados Unidos en la emergencia que se desarrolla en su propio patio trasero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Jamaica el lunes para reunirse con líderes caribeños sobre el tema y prometió 100 millones de dólares adicionales en fondos estadounidenses para financiar el despliegue de una fuerza multinacional que ayude a estabilizar el país.
La administración Biden está instando al Congreso a desbloquear aún más fondos. Dos poderosos legisladores republicanos: el senador. Jim Risch, el principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, argumentan que la administración no tiene planes adecuados sobre cómo utilizaría esos fondos. También acusan a la administración de permitir que su política hacia Haití se pudriera en la indecisión durante demasiado tiempo, exacerbando la situación actual del país.
Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, ha enfrentado una inestabilidad crónica durante décadas, alimentada en parte por devastadores desastres naturales y contratiempos en la ayuda internacional, incluida una misión de la ONU que provocó un mortal brote de cólera en el país, así como explotación y abuso sexual de mujeres . mujeres y niños por parte de las fuerzas de paz de la ONU, y un terremoto en 2010 que mató a unas 300.000 personas, seguido de fallidos esfuerzos de ayuda internacional que desencadenaron un ciclo de mala gestión y retrasos en los proyectos de desarrollo.
En 2021, el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de hombres armados en su casa, lo que desató la actual crisis política en el país. (El mes pasado, un juez haitiano acusó a tres personas prominentes –la viuda de Moïse, un ex primer ministro y un ex jefe de policía haitiano— por su participación en el asesinato, cargos que ellos han negado como represalias políticas infundadas.) Henry asumió el cargo de presidente interino. poco después y pronto comenzó a suplicar a las potencias extranjeras una intervención militar para abordar la creciente inestabilidad del país.
Las pandillas han tomado el control de gran parte de Puerto Príncipe y los grupos de derechos humanos dicen que las pandillas han utilizado la violación y la tortura como armas contra la población civil. Miles de haitianos han sido asesinados y secuestrados.
“Es difícil exagerar la gravedad de la situación política, de seguridad, de derechos humanos y humanitaria en Haití hoy”, escribió la misión de la ONU en Haití en un informe al Consejo de Seguridad de la ONU en enero, cuya copia fue obtenida por Foreign Policy. . La violencia ha provocado un aumento de haitianos que huyen del país; El informe señaló que el número de haitianos que huyeron a Centroamérica con el objetivo de cruzar la frontera sur de Estados Unidos se multiplicó por 23 en 2023: de 1.550 personas en julio a 35.500 en octubre.
La Embajada de Estados Unidos en Haití evacuó esta semana a algunos diplomáticos y personal no esencial y desplegó un destacamento especializado de marines estadounidenses para reforzar la seguridad de la embajada. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo a los legisladores en una audiencia el jueves que el ejército estadounidense tenía planes listos para evacuar a los ciudadanos estadounidenses si la crisis empeoraba.
“Es un caos absoluto. La gente está pidiendo a gritos incluso un nivel básico de seguridad”, dijo Nicole Widdersheim, subdirectora de Human Rights Watch en Washington. "Necesitamos ver a la comunidad internacional haciendo algo muy rápido para brindar seguridad, estabilidad y protección contra la violencia".
Mientras tanto, la comunidad internacional postergó el asunto durante más de dos años, dijeron funcionarios y expertos.
Después del asesinato de Moïse, Estados Unidos se resistió a la perspectiva de liderar una fuerza multinacional. En 2023, el presidente estadounidense Joe Biden preguntó en privado al primer ministro canadiense Justin Trudeau si Canadá tomaría la iniciativa, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Canadá se negó, pero se ofreció a contribuir con 100 millones de dólares para ayudar a financiar dicha fuerza. Ningún otro país de América del Sur o Central dio un paso al frente. Haití, en coordinación con la administración Biden, luego recurrió a África. Kenia acordó encabezar una misión y desplegar 1.000 agentes de policía en Haití como parte de un esfuerzo que sería coordinado y financiado principalmente por Estados Unidos.
Ese plan se estancó cuando los políticos de la oposición keniata cuestionaron la legalidad del programa. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, ya sobrecargado por las guerras en Ucrania y Gaza, dejó que Haití se quedara en el camino, dijeron a Foreign Policy funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos . Biden no nombró a un embajador de Estados Unidos en Haití hasta mayo de 2023, casi dos años después del asesinato de Moïse. El candidato de Biden, el diplomático de carrera Dennis Hankins, fue confirmado para el cargo por el Senado de Estados Unidos el jueves.
“Al principio muchos países se mostraron reacios a tomar la iniciativa, aunque Haití necesita ayuda urgente”, dijo Edmond. Pero añadió: “Al final del día, también debemos asumir nuestras propias responsabilidades para con nuestro propio país. No creo que le eche la culpa sólo a la comunidad internacional”.
El anuncio de la renuncia de Henry fue visto silenciosamente como un alivio por algunos funcionarios estadounidenses y regionales, pero también creó nuevos desafíos a medida que la región intenta improvisar una estructura de gobernanza temporal desde lejos para sacar a Haití de su crisis.
Su anuncio se produjo después de una presión silenciosa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), dijeron funcionarios, así como de repetidas amenazas de los líderes de las pandillas en caso de que regresara al país. (La Casa Blanca ha negado informes de que también presionó a Henry para que renunciara).
Ahora, CARICOM está ayudando a crear un nuevo consejo presidencial de transición compuesto por siete miembros votantes y dos observadores, según una copia del acuerdo obtenida por Foreign Policy . Los candidatos para el consejo serían propuestos por al menos cinco partidos políticos haitianos activos con aportes de organizaciones de la sociedad civil examinadas por CARICOM. Una vez designado, el nuevo consejo, en teoría, ayudaría a restaurar la legitimidad del gobierno ausente de Haití y conduciría al país por un camino hacia la estabilidad y, eventualmente, elecciones. Henry ha dicho que renunciará oficialmente una vez que el nuevo consejo esté establecido.
Sin embargo, casi de inmediato, dijeron funcionarios actuales y anteriores, esos esfuerzos chocaron contra una pared cuando las élites haitianas comenzaron a discutir con funcionarios de CARICOM sobre quién debería hacer la selección final, y algunos candidatos potenciales a miembro expresaron temor por las vidas de sus familias si se unían al consejo. El viernes, Blinken dijo que la mayoría de los partidos han nombrado a sus representantes para el consejo, pero que varios aún no lo han hecho.
Edmond dijo que muchos haitianos se muestran escépticos ante el plan y "no creen que sea la solución correcta". Edmond dijo que cree que una mejor alternativa sería que la Corte Suprema de Haití tomara el control temporal y nombrara a un tecnócrata como primer ministro para fortalecer las fuerzas policiales nacionales de Haití y llevar al país a las elecciones.
Mientras tanto, la renuncia de Henry ha dejado en suspenso el plan respaldado por Estados Unidos y la ONU para que Kenia despliegue una fuerza policial en Haití para ayudar a restablecer el orden en el país. El presidente de Kenia, William Ruto, dijo que seguía comprometido con el plan, pero que sólo se implementaría después de que se estableciera el consejo de transición. No está claro si la renuncia de Henry creará nuevos obstáculos legales para que Ruto lleve a cabo el despliegue.
Los funcionarios de la administración Biden también consideraron ofertas de Senegal y Ruanda para liderar la fuerza de asistencia de seguridad, pero esas propuestas finalmente fueron rechazadas a favor de Kenia, dijeron funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y Haití. Ruanda enfrenta críticas generalizadas por su accidentado historial en materia de derechos humanos y su inclinación autoritaria, y Senegal está actualmente sumido en su propia crisis política por el retraso de las elecciones. Sin embargo, la policía de Kenia también ha sido acusada de cometer abusos en su país por grupos de derechos humanos, incluido el uso de fuerza excesiva y el asesinato de más de 100 personas en 2023.
La operación planeada en Kenia, incluso si pudiera comenzar, enfrenta importantes desafíos prácticos y logísticos, dijeron funcionarios estadounidenses y asistentes del Congreso. Para empezar, ni Kenia, Estados Unidos ni otras potencias regionales han declarado cuáles serían las reglas de enfrentamiento para las fuerzas kenianas una vez que sean desplegadas en el país, donde enfrentan la difícil tarea de sofocar a pandillas poderosas y fuertemente armadas y a una nación debilitada. y la asediada fuerza policial local.
También está la cuestión más amplia de si agregar más policías resolverá los problemas sistémicos más profundos que llevaron a la situación actual. “La policía no puede lograr avances significativos contra las pandillas sin un avance político más amplio”, argumentó Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, en Foreign Policy en julio pasado. “En Haití, los pandilleros no son señores de la guerra independientes que operan al margen del Estado. Son parte de la forma en que funciona el Estado y de cómo los líderes políticos afirman su poder”.
Una evaluación no clasificada de la inteligencia estadounidense publicada esta semana predijo que las pandillas haitianas "serán más propensas a resistir violentamente un despliegue de fuerzas extranjeras en Haití porque lo perciben como una amenaza compartida a su control y operaciones" y que la policía nacional de Haití ha sido " incapaces de contrarrestar la violencia de las pandillas y [han] estado plagados de problemas de recursos, desafíos de corrupción y capacitación limitada”.
Cualquier despliegue de fuerzas kenianas también requeriría un apoyo logístico sustancial del ejército estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses y asistentes del Congreso familiarizados con el asunto. Funcionarios de la administración han dicho al Congreso que una vez que se les dé luz verde, la policía de Kenia podría ser enviada a Haití en cuestión de 45 a 60 días en condiciones ideales y sin tropas estadounidenses en el terreno. Pero Haití no tiene una base clara o un centro logístico donde desplegar a la policía de Kenia, particularmente después de que las pandillas tomaron el control de los principales centros de poder en Puerto Príncipe.
Otro factor que complica la situación es el mecanismo de financiación. Después de resistirse durante casi dos años a las propuestas para desplegar sus propias fuerzas en Haití, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá se han comprometido a financiar la fuerza liderada por Kenia, pero aún no se ha establecido ningún mecanismo de financiación para hacerlo. Una misión policial multinacional en Haití podría costar entre 500 y 800 millones de dólares al año, dijeron funcionarios del Departamento de Estado a los comités de supervisión del Congreso.
Risch ha retenido unos 40 millones de dólares del primer tramo de financiación estadounidense para la misión encabezada por Kenia. “[Después] de años de discusiones, repetidas solicitudes de información y de proporcionar financiamiento parcial para ayudarlos a planificar, la administración nos envió esta misma tarde un plan aproximado para abordar esta crisis”, dijo Risch en una declaración conjunta con McCaul. La administración “le debe al Congreso muchos más detalles de manera más oportuna antes de obtener más fondos”, dijeron.
John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que mientras tanto la situación está empeorando. “La violencia ha ido aumentando, no disminuyendo, al igual que la inestabilidad. Y, por supuesto, el pueblo haitiano es el que sufre como resultado”, dijo a los periodistas el jueves.
Edmond dijo que incluso si la misión encabezada por Kenia se pone en marcha, Estados Unidos tiene la “obligación moral de considerar, antes de la llegada de las fuerzas kenianas, una manera de ayudar a las fuerzas policiales nacionales que ahora están siendo abrumadas por las pandillas”.
“Estados Unidos es el líder del mundo libre. Haití es miembro de ese mundo, uno de los vecinos más cercanos a Estados Unidos. Aquí existe la obligación moral de intervenir”.
Widdersheim dijo que Estados Unidos no puede eludir responsabilidades. “Esta vez las medias tintas no serán suficientes”, afirmó. “En el pasado, al gobierno de Estados Unidos no pareció importarle lo suficiente como para invertir verdaderamente en el desarrollo a largo plazo de Haití, y eso va en detrimento nuestro porque nada se mantiene; simplemente nos quedamos estancados haciendo medidas a medias que siempre fracasan”.
Robbie Gramer es reportero de diplomacia y seguridad nacional en Foreign Policy. X: @RobbieGramer
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