La suspensión del proyecto Romero en San Juan de la Maguana revela cómo los conflictos extractivos en América Latina ya no se deciden solo con estudios ambientales, sino también con legitimidad social
San Juan de la Maguana – República Dominicana
En la noche del pasado 4 de mayo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, hizo algo poco frecuente en América Latina: detener una exploración minera que todavía no había sido rechazada técnicamente, pero que ya había perdido legitimidad social. Su decisión suspendió el proyecto Romero, impulsado por la empresa canadiense Goldquest en la provincia de San Juan de la Maguana, al suroeste de República Dominicana, tras años de protestas y presión comunitaria creciente en las últimas semanas. La consigna terminó convirtiéndose en símbolo nacional: “Agua sí, oro no”.
“Esta decisión se fundamenta en el estricto cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, declaró Abinader en una alocución difundida a través de las redes sociales. “Ante un rechazo social mayoritario de un proyecto de esta magnitud, su continuidad carece de viabilidad social”, puntualizó. Así, el anuncio transformó un conflicto local en un debate nacional sobre minería, agua, inversión extranjera y confianza institucional. Y es que en San Juan la discusión no solamente trata sobre el oro. La demanda de las protestas no era un simple eslogan: era una forma de nombrar un miedo.
Conocida como el “granero del sur”, la provincia produce alrededor del 92% de las habichuelas de consumo nacional, según datos de la Dirección General Suroeste del Departamento de Economía Agropecuaria de 2025, así como otros cultivos que abastecen al país. Además, el río San Juan alimenta la presa de Sabaneta, de la que dependen 30.000 hectáreas agrícolas y comunidades enteras justo en una región marcada por largos períodos de sequía. Precisamente, a pocos metros de su cuenca, es donde se buscaba eventualmente la explotación del proyecto, que colinda con áreas protegidas como los parques nacionales José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez.
En San Juan el agua se reparte por turno. “Tandeo”, le llaman los agricultores. Un día le toca a uno; al día siguiente, a otro. Bajo esa realidad, cualquier intervención en la cuenca alta del río se ve como una amenaza existencial. “El agua aquí no es solo un recurso, es la base de todo”, explica Manuel Matos, agricultor y dirigente del movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida.
La promesa del oro en pausa
Bajo las montañas de San Juan yacen oro, cobre y plata. Previo al anuncio presidencial, Goldquest sostenía que Romero podría generar unos 3.000 millones de dólares en exportaciones, cerca de 1.000 millones en ingresos fiscales, 800 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos; esto en una de las provincias con mayores niveles de pobreza del país, con un índice del 58,2%, según datos del Sistema Único de Beneficiarios 2025.
Luis Santana, director ejecutivo de Goldquest Dominicana, defiende la iniciativa como una oportunidad de transformación económica. “La agricultura ha perdido productividad, hay pobreza y falta de oportunidades. La minería puede generar empleo y dinamizar la economía”, dijo en entrevista con este medio. La empresa, además, insiste en que Romero no se parece a otros proyectos mineros asociados a conflictos ambientales en el país caribeño. Propone una mina subterránea, sin uso de cianuro ni mercurio, y con un sistema de captación de agua de lluvia. Pero para Matos, “no es realista decir que van a operar con agua de lluvia en una zona que puede tener hasta nueve meses de sequía”
Al día siguiente del anuncio presidencial, GoldQuest confirmó a EL PAÍS que aún no había recibido una notificación oficial del Estado sobre la suspensión del proyecto. Días después, en medio de denuncias de comunitarios que aseguraban que las actividades mineras continuaban en la zona, la empresa canadiense emitió un comunicado en el que anunció el retiro de sus equipos “para evitar tensiones”.
Conflictos por el agua
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), lo ocurrido en San Juan no es un episodio aislado. “La gente pone en la balanza el territorio, el agua y sus modos de vida. Hay antecedentes acumulados en América Latina que explican por qué las comunidades ya no creen ciegamente en las promesas de la minería”. El caso Romero, sostiene el ingeniero, refleja un patrón regional. Desde Panamá hasta Perú, pasando por Chile, Ecuador y Argentina, los proyectos extractivos han enfrentado crecientes resistencias sociales vinculadas al agua, la contaminación y la percepción de que los beneficios económicos rara vez compensan los costos ambientales y territoriales. “Hoy la minería se reviste de verde, habla de sostenibilidad o transición energética, pero sigue siendo una actividad intensiva, extractivista y de fuerte impacto para los territorios”, afirma.
Lo de Romero ocurre además en un contexto regional sensible con el cierre de la minera Pascua Lama de Barrick Gold entre Chile y Argentina en 2020 y el cierre de la mina de cobre en Panamá en 2023. En República Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, la mina de oro más grande de América Latina, continúa apareciendo constantemente en el debate público como referencia de contaminación y conflictos sociales. “La experiencia acumulada en América Latina explica gran parte del rechazo social”, insiste Cuenca. “Las empresas se van, pero muchas veces los pasivos ambientales permanecen durante décadas”.
La crisis de confianza
A medida que el rechazo crecía contra Romero, también aumentaba la desconfianza hacia las instituciones encargadas del arbitraje del proceso. Las dudas se intensificaron después de que circularon cuestionamientos sobre vínculos entre un exasesor técnico del Ministerio de Energía y Minas y la Goldquest, impulsora del proyecto. El ministerio respondió mediante un comunicado oficial, asegurando que el exfuncionario había dejado de formar parte de la institución meses antes y que nunca participó en evaluaciones vinculadas al proyecto de la empresa canadiense.
“Cuando la institucionalidad pierde legitimidad social, incluso las mejores capacidades técnicas comienzan a debilitarse políticamente”, explica Nelson Espinal Báez, abogado dominicano y experto en negociación y construcción de consensos públicos. A su juicio, el conflicto evidencia una transformación más profunda en la región. “Las comunidades hoy exigen algo más: participación temprana, transparencia, información creíble y la percepción de que el proceso fue legítimo”.
Uno de los temores de los comunitarios, por ejemplo, es la posibilidad de que el suroeste dominicano evolucione hacia un distrito minero, donde la acumulación de concesiones transforme el uso del territorio. “No es una obra puntual, Goldquest tiene otras 14 concesiones en la zona, y esto podría desplazar eventualmente todo el territorio agrícola”, advierte Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias del país.
Durante meses, el Ministerio de Energía y Minas insistió en que Romero permanecía únicamente en fase de exploración, en espera de los estudios técnicos de impacto ambiental para pasar a la fase de explotación, y que ninguna decisión había sido tomada. Sin embargo, dentro del propio Gobierno comenzaron a surgir señales contradictorias cuando el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez —quien rechazó conceder una entrevista para este reportaje—, afirmó en la televisión local que República Dominicana debía decidir “si desaprovecha cientos de miles de millones de dólares en posibles reservas mineras o continúa evaluando la posibilidad de desarrollo”, insistiendo en que el debate debía abordarse “bajo criterios de ciencia y no de presunciones”.
Ahora el conflicto continúa moviéndose en nuevas direcciones. El próximo 22 de mayo, una comisión legislativa de Medio Ambiente visitará la zona, mientras organizaciones sociales buscan que el área sea declarada espacio protegido, una iniciativa liderada por el senador de la provincia sureña, Félix Bautista.
Entre inversión y soberanía
La suspensión de Romero abrió un debate incómodo para República Dominicana: hasta qué punto un Estado puede detener un proyecto extractivo sin afectar la percepción de seguridad jurídica. El abogado peruano Ricardo Ampuero, especialista en arbitraje internacional y conflictos extractivos de la región, considera que estas situaciones muestran una tensión cada vez más frecuente en América Latina. “El conflicto social puede manifestarse incluso antes de que culminen los procesos formales de evaluación estatal”, explica. “Y eso obliga a los gobiernos a equilibrar criterios técnicos, presión social y estabilidad política”. Ampuero considera que la decisión dominicana difícilmente puede analizarse solo desde el derecho minero o ambiental. “Aquí confluyen soberanía regulatoria, legitimidad democrática y protección de inversiones”, sostiene.
Muchos países latinoamericanos mantienen tratados internacionales de protección recíproca de inversiones, que permiten a empresas acudir a arbitrajes cuando consideran afectados sus intereses económicos. Antes de la suspensión ordenada por el Gobierno, Goldquest ya había invertido 50 millones de dólares en la fase de exploración. Sobre un posible riesgo de proceso jurídico contra el Estado, el ministro de Energías y Minas, Joel Santos, aseguró a este medio que “el país está debidamente blindado al respecto y las empresas entienden que es un riesgo que toman”.
El conflicto también llegó a los tribunales. En 2018, comunitarios interpusieron una acción de amparo preventivo para frenar el proyecto Romero. El tribunal unipersonal de San Juan de la Maguna ordenó entonces suspender los trabajos hasta que existiera una licencia ambiental, criterio posteriormente confirmado por el Tribunal Constitucional.
Para el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, la sentencia fijó un límite importante: el Estado no puede paralizar por completo una operación con permisos de exploración ni ordenar el desmantelamiento de sus equipos sin evidencia técnica suficiente sobre el nivel del daño ambiental. “Sin estudios previos, no es posible determinar si el impacto sería irreversible”, explica.
Sin embargo, el veredicto también incorpora elementos asociados al principio precautorio, como la protección preventiva del medio ambiente y el reconocimiento del riesgo ecológico. Hoy ambos lados del conflicto interpretan parcialmente aquella decisión a su favor.
En San Juan, las montañas siguen guardando oro bajo tierra. Pero en la superficie quedó abierta otra disputa: cuánto poder tienen hoy las comunidades para alterar el destino de proyectos extractivos que antes parecían inevitables.
