La presidenta mexicana ha respondido a la nueva advertencia de Washington pidiendo a EE UU que mejore su cooperación y haga su parte en la lucha contra el narco, en la prevención de adicciones y del tráfico de armas
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha devuelto la pelota a Estados Unidos ante las nuevas amenazas de injerencia de su presidente, Donald Trump, quien advirtió el miércoles que si México no “hace el trabajo” para frenar el narcotráfico, ellos lo harán con una intervención por la vía terrestre. “Nosotros estamos actuando”, ha zanjado la mandataria, quien ha enumerado las acciones desde su Gobierno para golpear a los carteles con incautaciones, detenciones, desmantelamiento de laboratorios y reducción de homicidios. Sin embargo, ha puesto en evidencia la falta de medidas por parte de su vecino del norte para prevenir el consumo y disminuir el tráfico de armas del que se nutre el crimen organizado mexicano. “Por primera vez reconocen que tienen un problema con el consumo de drogas”, ha señalado Sheinbaum sobre el documento que ha publicado Washington con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. “Tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos”, ha apuntado.
Sheinbaum también ha respondido al fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, que ayer adelantó ―sin dar detalles— que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. El titular ha prometido que continuarán “haciendo eso”, cuando un reportero le preguntó si habría más peticiones de detención en México después de anunciar cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve altos funcionarios más de ese Estado por conspirar con el Cartel de Sinaloa y ofrecerles protección e información de seguridad a cambio de cuantiosos sobornos. Terrace Cole, el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sostiene que Rocha ganó las elecciones estatales en 2021 con ayuda de Los Chapitos, la facción de los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes le ayudaron “secuestrando e intimidando a sus rivales”. Altos mandos del aparato policial de Sinaloa, así como un fiscal, un senador y funcionarios de seguridad participaron en el entramado de corrupción y narcotráfico.
La acusación formal, que ha dinamitado la política en México y ha llevado a un punto crítico las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, llega menos de un año después de que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, decidiera declararse culpable tras pasar dos años en la prisión de Illinois, en Chicago. El pequeño de los Guzmán fue el primero de la familia en pactar con el Gobierno estadounidense a cambio de información, y le siguió de cerca su hermano mayor, Joaquín Guzmán López, también miembro de Los Chapitos. Un mes después, el líder de la facción rival del grupo, Ismael El Mayo Zambada, también aceptó declararse culpable para eludir la pena de muerte. “Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos carteles durante el último año, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos probablemente querrán cooperar y eso podría derivar en cargos adicionales”, ha argumentado Blanche sobre la posibilidad de seguir tirando del hilo de los vínculos entre el Gobierno y el crimen organizado mexicano.
Con todo, el Ejecutivo en México se ha aferrado a la falta de sustento en las evidencias que ha presentado el Departamento de Justicia estadounidense para emitir las órdenes de detención. “Que envíen pruebas”, ha vuelto a demandar Sheinbaum, un mantra que ha repetido todo su partido, Morena. Sin embargo, ha defendido la relación de coordinación en seguridad con Estados Unidos, aunque ha reclamado el desequilibrio en reciprocidad. “Queremos que ellos también cooperen, México ha enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Les hemos pedido que envíen a cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol [contrabando de combustible]. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa. No han enviado a nadie”, ha sentenciado.
El Gobierno de México lleva desde el año pasado reclamando a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la extradición de dos personas relacionadas con la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero en 2014. La presidenta incluso se lo pidió en persona cuando el secretario visitó el pasado septiembre. A la lista de peticiones han añadido a cuatro integrantes de la red de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos. La trama millonaria, que se destapó el año pasado y manchó la confianza en la gestión del Ejército mexicano de la aduana, permitió la entrada de cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita sin pagar los impuestos correspondientes en la frontera. La asimetría en la cooperación con los traslados de fugitivos de la justicia es otra de las asperezas que erosionan la relación de cooperación en seguridad entre Sheinbaum y Trump.
Esta no es la primera vez —ni parece que será la última— que Trump ha amagado con enviar tropas terrestres a México para combatir el trasiego de droga, según ha recordado Sheinbaum. La mandataria ha asegurado que en su primera llamada con el presidente estadounidense este le preguntó por su estrategia para que en México el consumo estuviera bajo control, y ella le habló de los “valores familiares” y campañas de prevención. “Nosotros podemos colaborar a seguir cooperando por humanismo. No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga. Pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos”, ha apuntado.
También ha resaltado que las armas que llegan desde el otro lado de la frontera son uno de los ejes de fortalecimiento de los cárteles y que se debe detener el contrabando para poder debilitar su poder de ataque. “El diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas. Lo que no queremos es que se rompa la confianza”, ha añadido en un momento de extrema tensión en las relaciones diplomáticas por las acusaciones de narcopolítica, la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la presión por el Mundial de Fútbol en el que ambos países son anfitriones.
