La ruptura de la institucionalidad democrática no es una opción
En ocasión a la celebración patriótica de los 110 años del nacimiento de nuestra república, motivados por las últimas movilizaciones de miles de panameños durante más de diez días con cierres de carreteras, marchas y protestas públicas y en las redes sociales, como Centro de Estudios de Políticas Progresistas, hacemos las siguientes reflexiones:
En el mes de julio del año pasado, el pueblo panameño a través de distintas organizaciones representativas de los ciudadanos expresó su rechazo mediante protestas por el alto costo de la vida, reflejada entre otras cosas en el aumento de la gasolina, los medicamentos y comida. En las mesas de diálogos creadas para lograr soluciones, los resultados no fueron atendidos por el gobierno, según las expectativas del país.
Trece meses después se aprueba el contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá, lo que originó la protesta de grupos ambientalistas, organizaciones de trabajadores, educadores, organizaciones de profesionales panameños, protestas en los barrios, en todas las provincias e incluso de panameños en el exterior.
La indignación del pueblo panameño por esta aprobación ha sido el resultado de la acumulación de problemas no resueltos, por un gobierno que el país entiende mostró insensibilidad y desconexión en la solución de sus problemas.
Particularmente en esta ocasión por la forma en que este contrato -rechazado en 2017, por la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional- se aprobó en la Asamblea Nacional y fue ratificado por el Ejecutivo de forma inmediata, un día después, sin que fuera debidamente discutido con el soberano de la nación, que es el pueblo panameño.
En lo inmediato debemos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a las demandas interpuestas, no nos cabe la menor duda de que la inconstitucionalidad de este contrato será ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Una vez superado este impase, los panameños todos, debemos unirnos para defender el interés nacional ante las demandas que presentará la transnacional minera.
La inestabilidad, la falta de credibilidad, la desconfianza del país en el gobierno debe superarse sin violencia, sobre todo en los albores del proceso electoral en el que la voluntad del pueblo se manifestará en mayo del 2024.
Recuperar las condiciones para el fortalecimiento de nuestra democracia, demandará de importantes cambios que el gobierno deberá acometer, superada esta crisis, entre otras, sugerimos la recomposición del gobierno fortaleciendo una transición pacífica, que permita generar las mejores condiciones para que fluya el proceso electoral.
Estamos convencidos de que la ruptura de la institucionalidad democrática no es una opción. No obstante, es responsabilidad del gobierno propiciar las garantías plenas para el ejercicio pacífico y democrático del derecho constitucional al sufragio.
Con cabeza fría y corazón de patria debemos preservar la paz, sin dejar de opinar y participar, construyendo consensos para los mejores intereses del país y sin renunciar a nuestros valores y principios.
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